La
Unión Europea ha aprobado un rescate de 39.500 millones de euros para
salvar, no al sistema financiero español, sino a los acreedores del
sistema financiero español: la banca alemana y francesa. Pues serán los
grandes perjudicados de la quiebra del sistema financiero español.
La
deuda se ha convertido en la fuerza motora de sucesivas reformas que
persiguen transferir una mayor riqueza de las rentas bajas y medias a
las rentas altas.
Así nos
encontramos con la negativa del Gobierno a revalorizar las pensiones,
tal como se recoge en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad
Social y cuyo coste ascendería a 4 mil millones de euros, por no existir
dinero; pero desde el comienzo de la crisis se han aprobado ayudas
directas para salvar a los bancos por valor de 216 mil millones de
euros, el 21% del PIB y que equivale a 54 veces lo que supondría la
revalorización de las pensiones. Evidenciando que no estamos ante un
problema de escasez de los recursos, sino de redistribución de la
riqueza en beneficio de una minoría social.
No es
de extrañar, entonces, que España, junto a Rumanía y Bulgaria, sea el
país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en riego
de pobreza, el 21,8%. Además de ser el país de la UE-27 en donde más
están creciendo las desigualdades sociales: si antes de la crisis el 20%
de la población más rica ingresaba 5,3 veces lo que ingresaba el 20% de
la población más pobre, en 2011 esa proporción había subido hasta 6,8
veces.
La
deuda se ha convertido en el principal instrumento de dominación de los
poderes financieros sobre los Estados europeos, quienes otorgan cada vez
más competencias monetarias, fiscales y presupuestarias a organismos no
electos por la ciudadanía. Y que explica que España y la Unión Europea
estén transfiriendo la deuda privada de la Banca a sus ciudadanos. Tras
haberse enriquecido a costa de muchas personas por medio de las
hipotecas, preferentes y otros productos financieros.
En una
primera fase, se empleará el dinero de los ciudadanos europeos para
inyectar 2.500 millones de euros al Sareb (Banco Malo) y 37.000 al FROB,
que se encargará de la reestructuración del sistema financiero español.
Aumentando la deuda estatal en un 4%. Cuando son estas entidades las
que solicitan el desahucio de las familias con hipotecas que, por un
deterioro del empleo, se ven en el paro no pudiendo pagar sus
obligaciones como lo habían realizado hasta entonces. A ellos les salvan
para que ellos nos desahucien.
En esta
primera fase, los bancos a los que el FROB inyectará el dinero del los
ciudadanos serán BFA-Bankia, Caixa Catalunya, NovaCaixaGalicia y Banco
Valencia, quedando pospuesta la decisión sobre el resto de bancos que
necesitarán ayuda pública para el 20 de diciembre.
Rescate
que nos va a costar a los españoles, sólo en intereses, 2.000 millones
de euros al año. Más de lo que Rajoy va a dedicar a Educación en todo el
año 2013, que son 1.944 millones.
No
serán los bancos sino los ciudadanos quienes asumiremos la obligación de
devolver los 39.500 millones de euros que les van a dar de ayuda y sus
intereses. Además de los pérdidas del Banco malo creado por el Gobierno
para concentrar todos los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria.
Desde la Unión Sindical de Trabajadores DEMANDAMOS:
1.-NACIONALIZAR de los bancos rescatados.
2.-CONSTRUIR un
PARQUE de VIVIENDAS de ALQUILER SOCIALcon todas las viviendas en
posesión de la Banca. No pudiendo superar el precio del alquiler el 25%
de los ingresos familiares.
3.-REFORMAR la
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA para que incluya en su articulado la
ilegalización de la especulación y la usura; la prohibición de que las
partidas del gasto social y los ciudadanos pierdan poder adquisitivo; la
obligación de todo gobierno de rescatar a todos los ciudadanos que se
encuentren por debajo del umbral de la pobreza; y la prohibición del
pago de toda deuda ilegítima obtenida en detrimento de los intereses de
los ciudadanos.
4.- Un ERE de extinción contra todos los políticos por no representarnos por legislar contra todos los políticos.
5.- Los
culpables y cómplices de esta estafa sean juzgados judicialmente para
que sean depuradas sus responsabilidades. Siendo considerados los
partidos políticos con representación en cargos públicos responsables
subsidiarios.