LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 19/05/2008
Los nuevos parados que demanden atención especial para encontrar otro empleo tendrán que esperar. El Gobierno ha congelado el plan de recolocación que aprobó el Consejo de Ministros a mediados de abril, un proyecto que formaba parte del paquete de medidas para hacer frente a la desaceleración económica. El motivo es que el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo quiere "repensar" un plan auspiciado por el anterior ministro, Jesús Caldera, y que se elaboró con urgencia. Los nuevos responsables de Trabajo aseguran que retomarán la iniciativa, pero quizás con algunos cambios sobre lo previsto. El plan extraordinario para hacer frente al aumento del paro registrado fue un anuncio sorpresa de Caldera el mismo día en que se conocían los datos de enero. Los servicios públicos de empleo arrojaron un aumento de 132.378 desempleados respecto a diciembre, el mayor incremento mensual de la democracia.
Para contrarrestar las críticas de inacción, el Ejecutivo optó por anunciar de forma improvisada un proyecto pensado para aplicar inmediatamente. Con la pausa que ha dado Trabajo para introducir nuevas aportaciones, el plan se pondrá en marcha como mínimo cinco meses después de que las cifras del paro comenzaran a ser alarmantes.
La nueva secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha preferido tomarse un respiro antes de aplicar un plan diseñado por su antecesor en el cargo, Antonio González. En la primera reunión conjunta que mantuvo a primeros de este mes con los agentes sociales, Rojo confirmó que las conversaciones para reconducir el plan se demorarán un poco.
La idea inicial de Caldera era dirigir el plan sólo a los nuevos parados, especialmente los de la construcción. El entonces ministro quiso pactarlo con los agentes sociales y fruto de esas conversaciones quedó un diseño final extensible a todos los parados -los sindicatos consideraban discriminatorio atender sólo a los más recientes- de cualquier sector productivo.
Tras varias semanas de conversaciones, Trabajo cerró un plan que contemplaba la contratación de 1.500 orientadores de empleo para los servicios públicos. El cometido de estos trabajadores era diseñar itinerarios personalizados para cada parado y ayudar a los expulsados de la construcción a reciclarse en otros sectores.
Los sindicatos advirtieron de que, más que limitarse a un plan de choque, ésta debería ser la función estructural de los servicios públicos de empleo, por lo que todos los trabajadores habrían de incorporarse a esas funciones.
El proyecto contemplaba también ayudas de 350 euros mensuales durante un máximo de tres meses dirigidas a quienes necesitasen un tiempo de formación para reciclarse y tuvieran ingresos inferiores al indicador público de rentas (516,90 euros mensuales).
Estas dos condiciones, junto al coste total del proyecto -201 millones de euros-, figuran en el texto que aprobó el Consejo de Ministros el 18 de abril, por lo que las modificaciones que introduzca el ministro de Trabajo deberán atenerse al menos a ese marco.
A la espera de conocer los cambios, hay un elemento del texto que ya ha perdido vigencia. El documento inicial subrayaba el "marcado carácter temporal" del plan de recolocación, circunscrito al ejercicio de 2008. A partir de ahí, se instaba a una evaluación de las medidas en enero de 2009 y, en función de los resultados, se decidiría "su prórroga, modificación o cancelación". Por mucha que sea la premura a partir de ahora, parece difícil conseguir resultados en lo que queda de año.
El proceso, además, volverá a contar, previsiblemente, con la participación de empresarios y sindicatos, lo que retrasará la adopción de cualquier medida. Además, habrá que pactarlo con las comunidades autónomas, responsables de las políticas de empleo. Mientras tanto, el paro sigue creciendo con fuerza y la economía pierde empleo.
