miércoles, 24 de junio de 2009

La última colonia africana

Saharauis enarbolan banderas en los campamentos.

por FELIPE SAHAGÚN El Mundo

Territorio africano ocupado por España en 1884 y convertido en provincia española en 1934, el Sáhara Occidental, con unos 250.000 kilómetros cuadrados, es la última colonia de África. Presionado por el hostigamiento del Frente Polisario, fundado el 10 de mayo de 1973, y por la Marcha Verde marroquí de noviembre de 1975, en la que participaron más de 300.000 personas, el régimen moribundo de Franco cedió la administración del territorio a Marruecos (dos tercios) y a Mauritania (un tercio) por los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975.

Un mes antes, el 16 de octubre, la Corte Internacional de Justicia había reconocido vínculos históricos entre los habitantes del Sáhara y de Marruecos, y el derecho a la autodeterminación de los saharauis, que España se comprometió a respetar organizando un referéndum. Marruecos interpretó la referencia al vínculo histórico como un derecho de anexión y, tras la retirada militar española, el 27 de febrero de 1976, ocupó militarmente su zona de administración, la más rica en fosfatos, recursos pesqueros y, seguramente, petróleo. El Polisario, respaldado por Argelia, declaró el mismo día la República Árabe Saharaui Democrática, admitida en 1984 en la Organización para la Unidad de África y reconocida por más de 70 países, y reanudó sus acciones militares contra los nuevos ocupantes marroquíes y mauritanos.

En agosto de 1978 un nuevo Gobierno mauritano firmó la paz con el Polisario y renunció a su zona saharaui, que el Ejército marroquí incorporó de inmediato al resto. En represalia, Argelia facilitó la instalación permanente de los refugiados saharauis en campos situados al sur de Tinduf y armas al Polisario para mantener una guerra de baja intensidad contra Marruecos hasta 1991.

Para reducir sus bajas y asegurar su defensa, entre 1980 y 1987 Marruecos levantó en seis fases un muro defensivo con cinco pasillos de entrada y salida a lo largo de unos 2.500 kilómetros, que vigila con más de 100.000 soldados, la mitad de su Ejército. Según el Gobierno español, este despliegue representa más del 15% del presupuesto anual marroquí. Desde entonces ha poblado la ex colonia española con unos doscientos mil inmigrantes procedentes de Marruecos y ha invertido grandes sumas en infraestructuras para ganarse el apoyo de los pocos saharauis que no huyeron.

La firmeza marroquí, el muro, la pasividad internacional y las siempre complicadas relaciones entre Argelia y el Polisario estancaron el conflicto y facilitaron la aceptación por ambas partes del Plan de la ONU de 1991 (Resolución 690), que incluye un alto el fuego, el intercambio de prisioneros, la repatriación de refugiados y la celebración del referéndum. Todo bajo supervisión de una misión nueva de la ONU (MINURSO), que se mantiene sin pena ni gloria. Dieciocho años después, el alto el fuego, con violaciones esporádicas de poca importancia, se respeta y el intercambio de prisioneros (miles de marroquíes y docenas de saharauis) se completó en 2005, pero la repatriación de refugiados avanza a cuenta gotas y el referéndum, que debía haberse celebrado en 1992 a partir del censo español de 1973, sigue vetado por Rabat si no se organiza en condiciones que garanticen la anexión marroquí.

Por la resolución del 30 de abril de 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más la continuación de MINURSO, que cuenta con 231 soldados y seis policías, apoyados por unos 300 civiles (cien extranjeros y doscientos locales), de 30 países, con un presupuesto anual de unos 50 millones de dólares, y la misión de vigilar el alto el fuego y el respeto de los demás compromisos de 1991.

El Gobierno marroquí ha boicoteado sistemáticamente todos los intentos de los representantes de la ONU (James Baker, Peter van Walsum...) para lograr un compromiso entre la anexión marroquí y la independencia sin renunciar al referéndum, y sigue dando pasos unilaterales a favor de lo que el rey Mohamed VI denomina «la regionalización avanzada y gradual», con la que pretende convertir el Sáhara Occidental en una autonomía del soñado Gran Marruecos. Paralelamente, en violación flagrante de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional, sigue haciendo concesiones a empresas multinacionales, países y organizaciones como la UE para la explotación de los recursos minerales y pesqueros saharauis.

En enero de 2009, uno de los diplomáticos estadounidenses con más experiencia en mediaciones internacionales, Christopher Ross, era nombrado nuevo enviado especial de la ONU para el conflicto. Haciéndose eco de los primeros contactos de Ross con todas las partes implicadas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informaba al Consejo de Seguridad el 13 de abril que «las posiciones no han cambiado desde su ronda de negociaciones, celebrada en Manhasset (Nueva York) del 16 al 18 de marzo de 2008». «(Las partes) siguen muy alejadas en la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que haga posible la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, como exige el Consejo de Seguridad», añade.