El inmigrante es rentable para el empresario desalmado, es el lucro, el rédito más suculento para el sistema, revestido de compasión para arrodillar al nacional, pero ya no solo dan réditos laboralmente, también lo son para la obtención de papeles para algunos de aquí y algunos de allí.
Tres hermanas gitanas se casan en un mismo día con tres colombianos y gracias a las sospechas de la parroquia, se activan las alarmas y el asunto acaba con la desarticulación de una red que se dedicaba a concertar matrimonios de conveniencia para dar papeles a inmigrantes. Estas hermanas, son tres de los 34 detenidos en la llamada Operación Escarlata de la Policía Nacional contra la organización, que celebró un centenar de matrimonios falsos en Madrid.
Podemos pensar: que malos los españoles que se aprovechan así de las miserias de los inmigrantes, pero no, como pasa frecuentemente, ha sido un compatriota inmigrante el que les está sangrando. La cabecilla del grupo era una mujer colombiana apodada Claudia, de 41 años, que ya tenía la nacionalidad española, a saber cómo, aunque ya ese título se le dé a cualquiera, y como otro adorno la señora estaba relacionada con narcotraficantes.
En el juzgado de paz de Torrelodones la llamaban “la gestora de las bodas”. En realidad, Claudia se hacía pasar por abogada; y repartía tarjetas profesionales de una gestoría de Carabanchel en la que ni siquiera trabajaba. Cuando los inmigrantes la llamaban para regularizar su situación, ella recomendaba casarse con un español.
Los que querían la tarjeta de residencia pagaban entre 10.000 o 12.000 euros. Los contrayentes españoles cobraban unos 3.000 y los testigos, sobre los 200. Claudia y su organización buscaban a estas personas en ambientes marginales, prueba de ello es que muchos de los detenidos tienen antecedentes penales y son viejos conocidos de la policía.
Consiguió, según la policía, la colaboración de una funcionaria española de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, que también ha sido detenida. Esta ayudante facilitaba los trámites de las tarjetas de residencia sin verificar con mucho detalle los documentos.
Una de las bodas de una mujer inmigrante acabó en continuas extorsiones durante meses por su flamante nuevo marido, español y toxicómano, así que le salió por más de los 10.000€ que primeramente desembolsó.
Solo hubo una boda falsa en iglesia. Un sacerdote colombiano autorizó un casamiento haciéndose pasar por otra persona. El resto de matrimonios se inscribían en el Registro Civil a partir de certificados falsos. Alguien iba a la parroquia, cogía los papeles para pedir el certificado de matrimonio y a partir de ese documento se hacía la falsificación que después se llevaba al Registro. En los matrimonios civiles sí se llevaba a cabo la ceremonia.
Ha habido 34 detenciones, y la policía está aún investigando si pudiera haber algún otro funcionario involucrado en alguno de los registros civiles madrileños. La operación sigue abierta y los agentes están examinando los papeles que se han recabado en la operación.
