Promover la
conciliación de la vida laboral y familiar de todos los trabajadores y
trabajadoras. Entre otras medidas, proponemos las siguientes:
Reducción en un tercio de la jornada de
trabajo ordinaria, sin merma en los haberes económicos para el cuidado
de hijos menores de un año, en caso de nacimiento, adopción y
acogimiento permanente o preadoptivo.
Reducción de un tercio o la mitad de su
jornada ordinaria de trabajo para cuidar directamente de un menor de
seis años o de una persona disminuida física, psíquica o sensorial, con
el derecho a percibir respectivamente el 80% y el 60% de sus
emolumentos.
Aumentar el número de Escuelas
Infantiles subvencionadas para que, de acuerdo con los planes de
producción, permitan conciliar la vida laboral y familiar.
Ampliar los permisos retribuidos a los
casos de adopción o acogimiento preadoptivo o permanente de menores, así
como en los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave u
hospitalización de la persona con quien conviva conyugalmente en
cualquiera de sus formas.
Reglamentar las excedencias de hasta tres años por cuidado de hijos menores de 6 años.
Obligatoriedad de reserva del puesto de
trabajo o uno del mismo grupo profesional o de categoría equivalente
durante todo el período de excedencia.
Considerar como efectivamente cotizados a la Seguridad Social los tres años de excedencia por cuidado de hijos e hijas.
El rango de ciudadano se obtiene por
vivir en comunidad. Pero todo ciudadano, por su estructura vital y
antropológica, comparte una familia, una convivencia en pareja, un
educador responsable de la descendencia y un consumidor. Todo ello da
lugar a derechos y deberes que van más allá de la propia individualidad:
son los derechos sociales. Las propuestas que el MSR plantea en esta
área son:
Defender la aplicación del principio de
igualdad por razón de sexo sin ningún tipo de discriminación, para
lograr una efectiva integración de los hombres y mujeres en la sociedad,
con el objetivo último de conseguir la plena y real igualdad en el
acceso al empleo, formación y en la vida social, económica y jurídica.
Combatir la feminización de la pobreza, a
través del incremento de la pensión de viudedad al 100% de lo percibido
por el cónyuge, cuando no existan otros ingresos.
Elaborar programas sociales específicos
para mujeres cabezas de familias monoparentales en situación de riesgo,
para adolescentes y jóvenes madres o embarazadas, y para colectivos de
mujeres en situaciones de marginalidad (drogodependientes, ludópatas,
prostitutas, presas o víctimas de violencia).
Lucha radical contra la violencia
doméstica y ampliar en los Juzgados de Guardia los equipos de
profesionales para dar la debida atención y apoyo a la víctima, así como
crear una Fiscalía Especial contra la Violencia Doméstica, que
garantice una intervención más ágil y adecuada, y desarrollar medios que
faciliten a la persona maltratada poder emprender de nuevo su vida con
normalidad (casas de acogida, formación, medidas de reinserción,…). Se
llevarán a cabo las reformas pertinentes en el Código Penal para
reflejar estas nuevas medidas y endurecer las sanciones y penas a las
personas autoras de maltrato. Fomentar la cultura de la
corresponsabilización total del hombre y de la mujer en la realización
de las tareas domésticas y del hogar.
Reconocer el trabajo no remunerado del
hogar como fuente de derechos económicos, con el objeto de que estas
tareas, que representan un porcentaje oculto en el PIB, se vean
compensadas con ayudas económicas o salarios diferidos para las
familias.
