La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la “Operación FRONTEX”, una red internacional dedicada a efectuar regularizaciones fraudulentas de inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí, en situación irregular en el territorio de la Unión Europea.
La organización criminal cobraba entre 5.000 y 10.000 euros
a cada inmigrante. Se valían de la cobertura legal proporcionada por la
normativa vigente con el objetivo de tratar de obtener la Tarjeta de Familiar de Miembro de la Unión Europea,
que les facilitaba el tránsito por todo el territorio de la Unión, así
como el reagrupamiento familiar, permiso de trabajo y residencia.
Para eludir las trabas administrativas amañaban matrimonios de conveniencia entre los inmigrantes marroquíes y mujeres españolas,
valiéndose de testigos falsos y de viviendas en alquiler donde eran
empadronados. La organización contaba con cinco empresas “pantalla”
donde daban de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a las
mujeres españolas, haciéndoles un contrato de trabajo falso y así
demostrar ante la Administración el requisito necesario de tener medios
suficientes de vida.
Los agentes han localizado a más de 70 matrimonios concertados por los miembros de esta organización criminal, quienes recibían a cambio como honorarios, unos 1.500 euros.
La organización desplazaba inmigrantes desde Marruecos, Francia, Alemania, Bélgica e Italia para su regularización fraudulenta en España y quebrantaban el sistema de protección de fronteras de la Unión Europea.
Se han practicado un total de 10 registros, 7 de ellos
domiciliarios, 1 despacho de abogados, 1 gestoría y 1 locutorio, lo que
ha permitido incautar numerosa documentación relacionada con los hechos
investigados, dinero en efectivo, pasaportes. Además, se han intervenido
11 vehículos utilizados por la trama.
Los integrantes de la red tenían funciones específicas y diferenciadas
Durante la operación se han detenido a las diez personas que lideraban la organización criminal. Entre ellas destacan cuatro personas
de origen marroquí como jefes de la misma, que se encargaban de buscar a
los clientes y del amaño de las bodas. Una mujer española gestionaba
las empresas pantalla y les hacia labores administrativas y de control
de “clientes”.
Otro de los ahora detenidos, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, era el regente de un despacho de abogados y asesoría en materia de extranjería.
Por otro lado, tres mujeres españolas de la organización localizaban a las mujeres que estaban dispuestas a participar en los matrimonios de conveniencia, además eran testigos de numerosas uniones.
Asimismo, un hombre de nacionalidad rumana buscaba los pisos patera y localizaba los ayuntamientos donde fuera factible realizar este tipo de actividades fraudulentas.
A los detenidos se les imputan los delitos de integración en
organización criminal, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros,
estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Bodas en ayuntamientos de la periferia
Los dirigentes de la red establecían bodas en diferentes municipios
de la Comunidad de Madrid, aunque habían establecido como punto de
referencia un municipio ubicado en la sierra norte de Madrid, donde no
hallaban dificultades para realizar el empadronamiento de los
contrayentes.
En el transcurso de la investigación, los agentes fueron testigos presenciales
de un enlace, donde el cliente se desplazó desde Francia, previo pago
del importe estipulado, y contrajo matrimonio en nuestro país.
En la actualidad, se ha puesto en conocimiento de los organismos
públicos competentes todos los enlaces amañados por esta organización,
para que procedan a la revocación y denegación de las tarjetas de
Familiar de la Unión Europea.
En la operación han participado agentes pertenecientes al Área de
Investigación del Puesto Principal de Tres Cantos. Durante las
detenciones han contado con la colaboración de otros cuerpos policiales
como, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal de Madrid, Policial
Local de Getafe, Policía local de Valdemoro, así como de funcionarios de
varios Ayuntamientos y de la Oficina Central de Extranjería de Madrid.
